En el País, por cada funcionario que se dedica a esta labor hay 670 mil habitantes, esto es más del doble de lo que existe en Estados Unidos (275 mil habitantes por funcionario) y cinco veces más que en Canadá (114 mil habitantes por funcionario), de acuerdo con el Global Competition Review.

Incluso países como Argentina tienen más personal dedicado a investigar y perseguir las prácticas monopólicas, ya que hay 524 mil personas por cada funcionario de este tipo. El Global Competition Review coloca a México es el segundo país con menos autoridades en competencia, ya que hay alrededor de 166 personas dedicadas a esta labor, de una muestra de 11 países.

Aunque la Comisión Federal de Competencia (CFC) ha creado una instancia específica para litigar casos, esta oficina cuenta con solo cuatro abogados para desahogar todos los juicios y se enfrenta a los equipos jurídicos de las empresas que llegan a gastar, en un solo litigio, lo equivalente a 10 por ciento del presupuesto anual total asignado a la CFC. La falta de recursos limita a esta instancia a involucrarse en temas donde tradicionalmente no ha actuado como el de transporte.

Aunque ha sido especialmente activa en el campo de las telecomunicaciones, los servicios financieros y el sector de aerolíneas, admitió la propia Comisión. La misma CFC asegura que desde 2005 prácticamente no ha habido contratación de personal y ha redistribuido al existente para enfocarse a cuestiones clave, como es la investigación de carteles o prácticas monopolicas absolutas, en la cual se alían varias empresas para bloquear a los competidores y obtener beneficios.

La falta de efectividad en la persecución de prácticas monopólicas absolutas puede no deberse a la existencia de lagunas en el marco legal, sino al hecho de que el personal con el que cuenta la Cofeco para su investigación es apenas de una decena de personas, mientras que en otros países la cifra supera el centenar de personas", señaló Armando Paredes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

El comisionado Luis Alberto Ibarra aseguró que existen problemas del marco legal que limitan a la CFC para resolver los expedientes, como por ejemplo, la obligación de revisar un número elevado de concentraciones, muchas de las cuales no representan un riesgo para la competencia; y la falta de incentivos para la conclusión anticipada de las investigaciones realizadas.

Para el Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO, se debe incrementar el presupuesto otorgado a la Comisión y hacer de carácter obligatorio las resoluciones que emanen de ella.