Consideraciones para una política digital en México
03-Abril-2008
Alejandro Navarrete
El crecimiento que México ha presentado en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los últimos seis años es, a la vez, notable e insuficiente. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el número de hogares mexicanos con computadora pasó de un 11.7% en 2001 a un 22.1% en 2007, en tanto que los hogares con acceso a Internet pasaron del 6.1% al 12.3% en el mismo periodo (1) .
Resulta interesante observar, sin embargo, que la principal razón que los encuestados siguen dándole al INEGI del porqué no cuentan con computadora en sus hogares o porqué no cuentan con acceso a Internet – a pesar de tener computadora – es “la falta de recursos económicos” y que el porcentaje de hogares en donde se ha respondido no saber cómo funciona una computadora tiene una tendencia creciente y es ya superior al 11%.
Por otra parte, la penetración de banda ancha ha aumentado de 0.23 suscriptores por cada 100 habitantes en 2002 a 2.94 en 2006 (2) , y se estimaba que no superaría el 3.5% a fines del 2007. Esta tasa de crecimiento nos ha colocado en el último lugar de penetración entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (3).
Asimismo, a pesar de que el español o castellano es la segunda lengua materna más hablada del mundo (después del chino mandarín) con cerca de 400 millones de hispanohablantes, el porcentaje de páginas en español en Internet apenas ronda el 5%.
El diagnóstico es claro y ha sido indicado en un sinnúmero de ocasiones: los precios de los servicios de telecomunicaciones y equipos de cómputo son aún muy altos; la infraestructura de banda ancha en el país es limitada y selectiva; los contenidos y aplicaciones en español son escasos, y no hemos hecho lo suficiente para abatir el analfabetismo digital.
¿Cómo entonces podremos tener una penetración de banda ancha en México del 22% en 2012, junto con más de 70 millones de mexicanos accediendo cotidianamente a Internet? Claramente, la falta de una política pública integral y de largo plazo en la materia nos aleja del logro de este objetivo.
Más allá de las claras distorsiones provocadas por la existencia de un agente monopólico en la provisión de servicios de telecomunicaciones y por su capacidad indiscutible de imponer sus condiciones en la contratación de servicios y uso de recursos esenciales por parte del resto de sus competidores, los distintos retos a los que nos enfrentamos pudieran agruparse, en su mayoría, dentro de tres grandes categorías que, aunque no exhaustivas, comprenden aspectos relevantes de la problemática: i) disponibilidad de infraestructura de banda ancha, ii) disponibilidad de contenidos y aplicaciones relevantes en español, y iii) capacidad de asimilación y uso estratégico de los contenidos y aplicaciones.
La analogía es clara. Necesitamos la autopista, los productos y servicios que a través de ella se puedan llevar a todos los rincones del país y, no menos importante, la capacidad –entendida ésta tanto como posibilidad técnica y económica como el conocimiento y la habilidad necesarias – para que dichos productos y servicios puedan ser debidamente utilizados por los destinatarios.
Aunque comúnmente la discusión se centra en el primero de los puntos anteriores, los dos últimos resultan indispensables para que los beneficios de la banda ancha puedan lograrse.
La elaboración de contenidos y aplicaciones relevantes no es un problema exclusivo de los gobiernos; aunque éstos juegan un papel importante en su promoción a través de esquemas de apoyo para que la iniciativa privada, la academia y la sociedad civil también los generen. Dependencias como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo debieran hacer una aportación importante en la formulación de la agenda digital para México en este sentido. La agenda digital debería contemplar, más que el establecimiento de acciones aisladas de cada dependencia, un programa de acciones concertadas y coordinadas entre ellas.
La capacidad de asimilación y uso estratégico de contenidos y aplicaciones resulta, al final de cuentas, vital y de la mayor trascendencia. De poco sirve que contásemos con una infraestructura adecuada de telecomunicaciones y con contenidos y aplicaciones relevantes si no existe una población capaz de apropiarse de la tecnología, de asimilar los conocimientos y de desarrollar habilidades que incidan directamente en mejorar su bienestar y potenciar sus posibilidades de desarrollo personal y comunitario. Los retos en esta área son tal vez los mayores y los que toman más tiempo en lograrse. Una vez más, sólo a través del trabajo coordinado del sector gubernamental, de la iniciativa privada, de la academia y de la sociedad civil será posible hacer un cambio significativo.
Disponibilidad de infraestructura de banda ancha
Para que los beneficios de las tecnologías de la información y las comunicaciones puedan llegar a toda la población es indispensable que exista una infraestructura de comunicaciones con la capacidad y cobertura adecuadas.
En materia de infraestructura, se requiere de dos componentes fundamentales para la provisión de servicios de banda ancha. Por una parte, deben existir proveedores locales de estos servicios que tengan acceso a los usuarios finales. Las tecnologías de acceso incluyen al cable, a x-DSL, a WiMax y a las satelitales. En las dos primeras descansa más del 90% de los cerca de cuatro millones de accesos de banda ancha del país que existían a finales del 2007.
El segundo componente lo representa la infraestructura de transporte interurbano para la conexión de las redes locales a la columna dorsal de Internet. Los proveedores de este servicio son, en su enorme mayoría, operadores de “larga distancia”, en adición a la reciente inclusión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Al día de hoy, la mayor competencia en la provisión de servicios de transporte interurbano se realiza en la zona del triángulo México- Guadalajara-Monterrey, junto con la región del bajío. Sin embargo, las regiones del noroeste y del sureste del país cuentan con escasa competencia –con los altos precios asociados a ello – y es prácticamente provista por el proveedor dominante en los estados del sur de la república.
La política pública en materia de infraestructura de telecomunicaciones debería dirigirse hacia el despliegue de una red de transporte interurbano de gran capacidad que no sólo cubra a las grandes poblaciones, sino que esté disponible en el mayor número de poblaciones posible y a costos que permitan a los operadores locales proveer los servicios de banda ancha en términos de una competencia sustentable.
Además de la participación de los propios operadores de telecomunicaciones en la construcción de estos enlaces, el Gobierno Federal tiene a su alcance distintos mecanismos de los que puede echar mano para crear esta red nacional de transporte interurbano. Por una parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuenta con un Fondo de Cobertura Social y, por el otro, con la red de fibra óptica de la CFE.
El Fondo de Cobertura Social podría destinarse a lograr que la red llegue a poblaciones en las que la labor de los operadores de telecomunicaciones, derivada de las condiciones simples del mercado, tardaría demasiado tiempo en hacerse presente. En todo caso, deberá hacerse un análisis profundo de las mejores estrategias para aplicar este fondo a la promoción de la banda ancha en esas localidades.
La otra herramienta gubernamental es la red de fibra óptica de CFE. Resulta contradictorio que se diga que el Gobierno Federal no invertirá directamente en infraestructura de telecomunicaciones cuando ya lo hace y continúa haciendo a través de la red de CFE, con una capacidad ociosa muy amplia.
En algunos de sus tramos, la red de fibra óptica de CFE cuenta con hasta 36 hilos, lo que bien le permitiría arrendar su fibra oscura disponible hasta a ocho proveedores de telecomunicaciones, quienes competirían entre sí en la provisión de servicios de transporte interurbano, además de satisfacer sus propios requerimientos. Es claro que en donde existe competencia en este servicio los precios se reducen hasta la cuarta parte de los que existen donde no la hay.
La agenda digital para México debe ser, así, el resultado de un esfuerzo colectivo y coordinado de todos los actores, con la promoción decidida de los tres órdenes de gobierno. El tiempo apremia y no hemos comenzado a hacer la tarea.
(1) INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares
(2) Cofetel. Informe de actividades 2006 - 2007
(3) OCDE. Communications Outlook 2007.
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